Javier Marzal Mercader es presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho.Fuente de la noticia; https://latribunadeespana.com/opinion/un-negocio-mafioso-de-los-jueces Ver tambien; Jueces sustitutos o jueces prostituidos. Por Ramiro Grau Morancho exmagistrado. 1. Cualificar de «corruptos» a xuíces e fiscais dun partido xudicial forma parte da liberdade de expresión
Esta semana, el Tribunal Supremo nos ha hecho recordar publicaciones de los medios que informaron del turismo sexual de los magistrados de los más altos tribunales, que incluía club de alterne con pederastia. También nos informaron de su dinero negro en paraísos fiscales, conferencias y seminarios pagados por la banca y otras formas de vender sus sentencias.
Pero ninguno ha informado de que los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad).
Este negocio fue creado por el Partido Popular con la reforma del Código Penal de 2003, cambiando el Código Penal para que las injurias y calumnias fueran perseguibles de oficio cuando el ofendido sea un funcionario público, a diferencia del resto de las personas que tienen que interponer una querella, con abogado y procurador.
Para un funcionario público, es tan sencillo como remitir los documentos, del procedimiento donde según ellos se les injuria o calumnia, a la fiscalía o al juzgado decano, para que se inicie la causa penal.
Si la denuncia llega a la fiscalía, allí se redacta una querella simple que se remite al juzgado decano que corresponda. Los fiscales suelen querellarse porque los fiscales jefe les obligan a tener una actitud represora contra quien se enfrenta a las autoridades públicas, aunque sea para defenderse del abuso de éstas. En los gobiernos del PP y del PSOE, el ministerio fiscal siempre impulsa el autoritarismo.
Generalmente, los fiscales descartan bastante denuncias de las autoridades públicas, salvo que sean de otros fiscales, jueces o magistrados, en este caso es rara la vez que un fiscal no interpone la querella o pide la condena y una indemnización para esta autoridad judicial.
El monopolio judicial, hace que sean otros jueces quienes resuelvan estas querellas. Estos jueces pertenecen a los mismos juzgados que el denunciante.
Una vez que te condenan, no sirve de nada recurrir porque todas las instancias, incluyendo el Tribunal Constitucional, desestiman sistemáticamente los recursos.
En resumen, un justiciable o un abogado se quejan de que el Juez no cumpla la ley, recurriendo su resolución, y el juez le denuncia para que aquéllos le indemnicen. Este es el negocio y no hace falta que sea verdad para que el juez cobre del denunciado. Es un negocio fácil. El Juez sólo tiene que denunciarle en la misma resolución que deniega el recurso del abogado y la corrupta maquinaria judicial se pone en funcionamiento para que este juez cobre la indemnización que decida otro juez.
El abuso de este negocio por parte de los jueces ha sido tan excesivo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido que intervenir, mediante el caso del abogado Ravelo que fue condenado por calumniar a un Juez, desestimando sus recursos todas las instancias españolas, hasta que el TEDH condenó a España por esta condena sobre la que dijo que es propia de un “Estado poco democrático” y que era una condena “disuasoria” contra todos los abogados, violando el derecho a la libertad de expresión, además del derecho de defensa.
Este negocio tiene las principales características de un negocio mafioso, según Wikipedia: “es una clase especial de crimen organizado” (es especial porque utiliza las propias instituciones para su actividad), “Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’” (en el caso de los referidos funcionarios judiciales, éstos afirman que son honorables, por tanto “mafiosos”), es lucrativo, ilegal y utiliza el abuso de poder.
Este mismo negocio se utiliza contra los dirigentes y abogados de las asociaciones de víctimas judiciales, para intimidarlas de forma que abandonen a sus defendidos o para que cierren las asociaciones.
En 2016 y 2017, remití una denuncia contra estos abusos de fiscales, jueces y magistrados, donde se acreditan denuncias, querellas de los fiscales, sanciones y condenas a tres dirigentes de tres asociaciones de víctimas judiciales y a tres abogados de estas asociaciones. En 2016, la denuncia la dirigí al Fiscal General del Estado y nunca recibí respuesta. En 2017, la remití a todos los miembros del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al propio Fiscal General. En pocas semanas me respondió la Fiscalía Anticorrupción que no había indicio alguno de delito, como suelen decir cuando el denunciado es una autoridad pública, salvo orden en contrario del gobierno.
En 2018, la prensa ha publicado el caso de otro dirigente y de otro abogado de otra asociación de víctimas judiciales denunciado por un juez.
Soy presidente de la Asociación ANVIPED, la más afectada por estos abusos (el abuso de las autoridades públicas es un delito en Francia). Durante el primer trimestre de este año, me dirigí al Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, para informarle que un Juzgado de Barcelona había condenado a un abogado por este inexistente delito, según la referida jurisprudencia del TEDH y la Audiencia anuló la condena.
También como presidente de ANVIPED, en este verano solicité una reunión urgente con la Ministro de Justicia y con la Fiscal General del Estado, para que detuvieran este negocio mafioso. El Fiscal de la Unidad de Apoyo de la FGE, me respondió informándome de dónde presentar una denuncia y “que la agenda de la Fiscal General está completa para los próximos meses”. El 2 de agosto, la Secretaria de la Ministra me remitió un mensaje de correo electrónico, donde se decía: “les rogamos nos indiquen un número de teléfono para que un Asesor de la Ministra les pueda llamar y concertar la cita”. Respondí con mi número de teléfono, pero el Asesor aún no me ha telefoneado y los fiscales y los jueces siguen haciendo denuncias falsas, por lo que cabe decir que este negocio está promovido
y encubierto desde la Fiscalía General del Estado.
Estas actividades en todo el territorio nacional, acreditan que en España no tenemos un Estado de Derecho, no sólo un “Estado poco democrático” y “disuasorio”, como ha dicho el TEDH, sino un peligroso Estado autoritario que impulsa que las autoridades públicas realicen este negocio mafioso para lucrarse y para instaurar un Estado autoritario, donde sus funcionarios atentan contra la libertad de expresión, el derecho de defensa y el derecho de asociación.
El problema raíz consiste en la IMPUNIDAD de los jueces que crea la corrupción judicial que es el cáncer de las democracias que extiende la impunidad y la corrupción al resto de las autoridades públicas y de las organizaciones privadas y personas poderosas, creando una abusocracia con forma de democracia.
Jueces sustitutos o jueces prostituidos. Por Ramiro Grau Morancho
Ramiro GRAU MORANCHO es Graduado Social, Licenciado en Ciencias del Trabajo y Abogado. Profesor de Derecho en varias Universidades, Públicas y Privadas.
He sido Juez Sustituto y lo siento por los ex compañeros que siguen siéndolo, y a los que el Ministerio de Justicia pretende mandar al paro. Mi solidaridad con ellos, aunque pienso que es una medida necesaria para una buena Administración de Justicia.
En efecto, muchos jueces profesionales, de carrera –normalmente los menos buenos-, al igual que muchos profesores –generalmente los más malos-, como no les gusta su trabajo, o quieren vivir mejor, se dedican a tareas burocráticas, de representación, de gestión, etc., enchufándose como Letrados del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, asesores, jefes de gabinetes, directores generales de justicia, secretarios generales técnicos, Viceconsejeros y consejeros en las comunidades autónomas, etc., en fin toda esa pléyade de altos cargos absolutamente innecesarios de que nos hemos dotado, mientras la administración de justicia cada día funciona peor…
Mientras tanto, los juzgados en los que deberían trabajar, y para lo que han aprobado la oposición correspondiente, o han ingresado por el cuarto turno, en condiciones francamente dudosas -no siempre, por supuesto-, son atendidos por simples licenciados en Derecho, o incluso graduados (que éstos aún tienen menos nivel), en ocasiones sin más bagaje que una gran incultura jurídica general –que les permite sustituir en cualquier jurisdicción-, y eso sí, provistos de un buen enchufe.
Obviamente hay excepciones. Yo tampoco tengo grandes conocimientos, y no solo tengo lagunas de ignorancia, sino océanos, pero lo cierto es que sólo conseguí ser nombrado Juez Sustituto tras pleitear contra el CGPJ ante el Tribunal Supremo y ganar el pleito correspondiente.
Evidentemente, carecía de padrinos en la carrera –y en cualquier otro sitio, a excepción de los de primera comunión- y además no estaba bien visto, dada mi natural tendencia a cantarle las cuarenta al lucero del alba, y a ir impugnando judicialmente todo lo que me parece ilegal o injusto (que no son términos similares, ni mucho menos).
Pues bien, en esta “fauna” judicial he conocido de todo. Desde la juez sustituta que ha estado ¡más de diez años! ocupando un juzgado –en este caso, más bien usurpando-, por el expeditivo procedimiento de que la plaza correspondiente no salía a concurso (al parecer su padre, probo magistrado, había encargado en su lecho de muerte a varios compañeros que a su hija no le faltase trabajo, y bien que lo cumplieron), hasta el profesional competente y preparado, que simplemente ha tenido mala suerte en la oposición correspondiente.
Pero lo que realmente me hace gracia es la actitud de la carrera judicial hacía esos “no compañeros”, a los que la mayoría ningunean, un día sí y otro también. Desde la juez titular que cuándo se coge una prolongada baja por depresión –yo soy depresivo, y me aguanto- te deja la mesa llena de asuntos sin resolver, encomendándote que los tramites lo antes posible, a pesar de que llevan allí meses y meses, y en ocasiones hasta años…
O el juez cara –que los hay-, que señalaba 24 juicios de faltas y cogía un permiso de un día, dejándote a ti el muerto, y sabiendo que ibas a cobrar solo dos días, uno para celebrar los juicios y otro para dictar las sentencias, pero tendrías que dictar veinticuatro resoluciones, con lo cual la sentencia te salía a cinco euros…, además de estar toda la mañana aguantando a los denunciantes y a sus abogados, que no sé qué es peor.
Por no hablar de la juez que te recrimina que hayas ordenado los libros del despacho –que parecía un campamento pirata, por su desorden-, pues quien eres tú para organizar “mi despacho”, o que te “exige” que hagas funciones de juez decano, pues el juzgado que ocupas es el Decanato, y por lo tanto tú debes solucionar cualquier problema que se presente, pues los otros jueces titulares pasan del asunto, pero eso sí, sin cobrar nada a cambio.
Por no hablar de la total incompatibilidad con el ejercicio de cualquier otra profesión jurídica, lo que te impide ganarte la vida honradamente, y encima no sabes nunca cuándo vas a trabajar ni por cuanto tiempo, que pueden llamarte en cualquier momento, y cesarte de la misma forma, vamos que tienes que estar disponible las 24 horas de los 365 días del año, como las urgencias de la seguridad social…, o la putas.
(A mí me llegaron a llamar a las 10,30 de la mañana de un día en el que debía celebrar una docena de juicios de faltas en un juzgado situado a más de cien kilómetros… ¡y cuyas vistas estaban señaladas a partir de las 9 de la mañana! Excuso decirles que ordené telefónicamente su suspensión, entre otras razones porque hasta las 12 del mediodía no iba a llegar al juzgado ya que la carretera era francamente penosa).
En resumen, la carrera judicial tiene más de mil jueces sustitutos o jueces prostituidos, de los que ahora quieren prescindir, supongo que para reducir costes de personal.
Y los jueces titulares – pero no “propietarios”, como se creen muchos -, tendrán que resolver los expedientes, que para eso están preparados –se supone-, y por ello cobran. De paso dejarán de tener un chivo expiatorio a quien echarle “el muerto” de cualquier anomalía o metedura de pata judicial, pues errar es humano, y más cuándo se tramitan cientos de asuntos al año.
Sólo falta, para que mi gozo sea completo, que los jueces huidos de la jurisdicción retornen a la misma, y que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que a aquellos que no se dedican a actividades jurisdiccionales, sino al ejercicio puro y duro de la política, no les sea computado el tiempo que permanezcan en dicha situación como de servicios efectivos en la carrera, pues esa situación es similar al timo de la estampita: un auténtico engaño a la sociedad, y un fraude a los compañeros que se están dejando la vida trabajando por una sociedad más justa.
Para ellos, es decir para los jueces profesionales, no políticos ni “politizados”, todo mi afecto, respeto y reconocimiento, que quiero pensar es –o debería ser-, el de toda la sociedad española.
