Reportaxes a fondo

Días 1, 2, 3, 4 y 5. P.A. 76/17. 9.30 horas. Malversación de caudales públicos. El Ministerio público demanda cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para las cuatro personas acusadas de cometer irregularidades en la gestión económica de la Fundación Camilo José Cela.
El fiscal reclama que los cuatro sospechosos indemnicen a la Xunta con 150.000 euros. Procede del Juzgado de Instrucción nº2 de Padrón.

MC.C.L., era entre el 30 de noviembre de 2009 y el 30 julio de 2010 presidenta de la fundación “ Camilo José Cela”, D.R.R., era miembro destacado del Patronato , persona de confianza de la presidenta, y debido a su estrecha relación con la Xunta de Galicia, pues había sido Conselleiro de Presidencia era también persona cercana a los responsables políticos de la Administración, C.R.C., era subdirectora de la fundación e hija del anterior, y T.C.B., era el director gerente de la misma.

Con el concurso y la participación activa de todos ellos, en ejecución de un plan preconcebido y con la finalidad de conseguir un beneficio económico a favor de T.C.B. y con su acuerdo, simularon un despido con la intención de que a este le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros. A tal fin, el acusado D.R.R., se encargó de convenir con el beneficiado la mencionada cantidad concreta imputable a los fondos públicos y de que el montante total fuera asumido por la Xunta de Galicia.

Dicho despido, orquestado por los acusados, fue sometido a la aprobación del Patronato en su reunión de fecha 27 de mayo de 2010, los patronos de buena fe aprobaron que fuera cesado conforme a su voluntad, como despido objetivo por causas organizativas, con una indemnización según lo dispuesto en el vigente estatuto de los trabajadores de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.

En fecha 31 de mayo de 2010, se le comunica al Sr C. su despido por causas organizativas en carta firmada por C.R.C. en nombre de la fundación, con una indemnización de 96.000 euros , 20 días de salario por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.

En fecha 3 de junio de 2010, en la conciliación celebrada ante la sección provincial de Mediación Arbitraje e Conciliación ( SMAC), C.R.C., actuando en nombre de la fundación y en virtud del acuerdo previamente concertado con T.C. y el resto de los acusados, pactaron el pago de una indemnización de 150.000 euros con cargo a los fondos de la Xunta de Galicia.

De esta cantidad no se efectuó la retención de 75.274,69 euros a la que estaba obligada la Fundación en concepto de rentas de trabajo y T.C. tampoco liquidó las cantidades correspondientes a la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas. Este hecho ha prescrito penal y administrativamente.

La crítica situación económica de la FUNDACION a la que se había llegado durante la gestión de los acusados y puso en peligro la continuidad de la misma, provocaba que sus ingresos se nutrieran en su mayoría con fondos públicos desde el año 2007. Esto era ampliamente conocido por todos los acusados, pues impulsaron que fuera la Xunta de Galicia quien asumiera la tutela de la fundación mediante la firma de un acuerdo económico.

En la reunión del Patronato de 27 de mayo de 2010, la misma en la en la que se acordó el cese de la relación laboral, se acordó por unanimidad entre los patrones la suscripción de este acuerdo, con ello y al carecer de fondos propios, las cantidades pagadas al acusado T.C., lo serían , como así fue, con fondos públicos, tal y como habían diseñado los acusados.

La Fundación Camilo José Cela era a la fecha de los hechos, una fundación del sector público de Galicia, en virtud de lo dispuesto en el art 50 de la ley 12/2006 de 1 de diciembre tal y como reconoce el acuerdo entre la Xunta de Galicia y la fundación Camilo José Cela por la que se establece o plan de axuste económico financiero da fundación de 2 de Xullo de 2010.

El abono de esa suma se hizo mediante cheque nominativo firmado por M.C.L. de fecha 30 de Julio de 2010, pese a que en la papeleta de conciliación habían establecido que el pago podría hacerse en diez plazos mensuales entre el 30 de agosto de 2010 y el 30 de mayo de 2011.