AHORA LOS INVESTIGADOS POR GENOCIDAS SON LOS DOS
CASAMAR Y GRUPOMAR SE ASOCIAN PARA MANTENER SUS ACTIVIDADES ILEGALES DE PESCA ILEGAL Y SE RECONOCEN QUE TENER EXPLOSIVOS DENTRO DEL BARCO SUFICIENTES PARA TOMAR DOMABAS ES UN "MAL ENTENDIDO" HAY QUE JODERSE CON LAS NUEVAS DEFINICIONES DE LOS EXPLOSIVOS Y LA PESCA DE ALEVINES PROHGIVIDOS https://archive.ph/kRRqe JOSÉ BOLUARTE SOBRE ACUERDO CON GRUPOMAR: “TODO HA QUEDADO EN PAZ Y EL PROCESO QUEDA ZANJADO” AHORA SON SOCIOS EN LA PESCA ILEGAL Y EL GENOCIDIO DE LOS OCÉANOS SE REPARTEN EL PASTEL TRAS UN ACUERDO ENTRE AMBOS PRESUNTOS GENOCIDAS DEL MAR....+
Los últimos días El Atunero de Manzanillo y los resposnables Casamar denunciantes del Atunero por el almacenaje de explosivos en el Barco María Delia, entra en un CHIRINGUITO DE ACUSACIOENS CRUZADAS DE DELINCUENCIA PESQUERA SIN PARANGÓN A NIVEL INTERNACIONAL, asi tras conocerse las actividades dinamiteras de Antonio Suarez Gutiérrez de Grupomar, la prensa de Chinvote nos deluita con la intervención de la fiscal Evelyn Lamadrid Vences denunciando el acopia de la incautación de 1 400 kilos del recurso hidrobiológico de pejerrey, pescado protegido e ilegal su pesca...ver; https://archive.ph/ZJFA6 - https://archive.ph/oLxRK
Empresa pesquera mexicana libra batalla legal en Chimbote
PODER JUDICIAL DEBE RESOLVER CASO CRÍTICO EN CHIMBOTE
GrupoMar, empresa atunera de capital mexicano, se encuentra en el ojo de una tormenta que no esperaba encontrar. En el 2017 depositó su confianza en la empresa peruana Casamar S.A.C. -y su representante legal, José Boluarte- estableciendo un acuerdo de asociación para procesar atún en su puerto. Tras invertir 9 millones de dólares en la modernización de un local de Casamar, ubicado en Samanco, se vio con la sorpresa de que le habían entregado un informe técnico “modificado” y que el muelle del puerto no cumplía con las condiciones necesarias de profundidad para descargar el atún. Descubierto el hecho, rompieron lazos comerciales.
Contra todo pronóstico, al intentar retirar los equipos que habían instalado, GrupoMar fue denunciada y desde hace tres años afronta un proceso penal difícil de entender y que contribuye con la carga procesal que padece el Poder Judicial chimbotano.
¿Qué le imputan? Haber “saboteado” los equipos que compraron e instalaron en el local de Samanco, incluyendo un sofisticado sistema electrónico. Es decir, Casamar y el fiscal de Nepeña, Richard Contreras Horna, acusan a la atunera de dejar inoperativo un tablero electrónico de su propiedad, en el cual Casamar no gastó un centavo.
Pero, ¿se puede ser acusado de atentar contra un sistema informático del cual eres dueño? El abogado defensor de la parte mexicana, José Carlos Ugaz, declaró: “Es un absurdo, es como que se busque procesar a alguien por bloquear legítimamente su celular o su computadora, mientras está en poder de otra persona. La ley contempla como delito únicamente aquellos agravios ilegítimos cometidos contra la propiedad de otros, no contra la propia”. Según la ley 30096 un propietario no puede hacerle daño a su propiedad.
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El proceso afecta a la empresa cuya intención, según señala, era procesar el atún en Samanco para exportarlo a mercados extranjeros, con lo que generaría una enorme cantidad de trabajo, pago de impuestos y desarrollo local, además de afianzar lazos comerciales entre México y Perú. “Ahora, aparte de la enorme pérdida económica y no cumplirse los planes de negocio, GrupoMar afronta una imputación ilógica de atentar contra su propio patrimonio y querer recuperar su propiedad”, afirma su representante legal, Fernando Moreno. “Es evidente quién ha recurrido al engaño y no ha sido GrupoMar”, señala.
Se ha corroborado que los equipos de la planta de Casamar funcionan manualmente sin el sistema informático de GrupoMar, por lo que no habría perjuicio. Incluso, un trabajador de la peruana Casamar -cuya identidad pidió no ser revelada- fue grabado a fines de 2018 reconociendo que las máquinas podían encenderse sin el sistema.
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El caso cobra actual relevancia, pues el lunes 13 de diciembre se discutió en audiencia la Excepción de Improcedencia de Acción (mecanismo procesal por el cual solicitan el archivamiento del caso ya que los hechos imputados no constituirían delito). El pedido fue rechazado previamente por la jueza Krist Díaz Gonzales, sin haber dirigido la audiencia en la que se debatió. “El curso regular en ese caso -según el Código Penal-, es convocar a una nueva audiencia, y luego resolver”, expresó Ugaz. Sin embargo, la jueza resolvió directamente a favor de Casamar. “¿Por qué tendría tanta prisa si la norma es clara en señalar que el juez que oye la audiencia es el mismo que debe resolver?”, cuestiona el letrado.
En la nueva audiencia, la fiscal superior Leonor Ishikawa reconoció que el fallo de la jueza de primera instancia era nulo porque no había participado en la audiencia, aunque luego se contradijo señalando que “tenía elementos para pronunciarse”.
La defensa de los procesados señaló que en un contrato de Asociación en Participación, como el que firmaron GrupoMar y Casamar, “no se transfiere la propiedad de los bienes” porque cada empresa mantiene su individualidad, ni siquiera tienen contabilidad conjunta.
El art. 443 de la Ley General de Sociedades señala que en este tipo de contratos “los bienes se presumen de propiedad del Asociante”, o sea Grupomar. Es más, en el contrato se señala que al término del pacto -que fue por 10 años- “se devuelve al asociado la infraestructura en las mismas condiciones que fue entregada, salvo las mejoras que no pueden ser retiradas”. Es decir, GrupoMar retiraría toda su inversión, incluso el tablero electrónico, dejando a Casamar con los tableros manuales previos a la asociación.
Lo que dice Casamar
La defensa técnica de la empresa samanqueña alega que la desactivación del tablero electrónico le generó “consecuencias fatales” a la compañía y que durante un año no pudieron realizar actividades. Sostuvo que luego lograron recuperarse con su propia inversión.
En cuanto al cuestionamiento a la jueza Krist Díaz Gonzales, el abogado de Casamar dijo que la magistrada “no vulneró ningún reglamento y que podía pronunciarse sobre el caso”. Por ello, dijo que la Primera Sala Penal debe confirmar su resolución. La Industria intentó comunicarse en varias oportunidades con el juez Lomparte para conocer cuándo se emitiría el fallo, pero no contestó a nuestras llamadas.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa, que resolverá el pedido de la empresa GrupoMar, está presidida por el juez Walter Lomparte Sánchez e integrada por los jueces José Manzo Villanueva y Alfredo Cuipa Pinedo, este último en reemplazo por licencia de la jueza Luisa Apaza Panuera.
Fuente: La Industria de Chimbote
