La Corporación acordó, con los votos a favor de todos los grupos, excepto la abstención del Partido Popular, impulsar la creación del Área Metropolitana y redactar un anteproyecto de ley que deberá ser enviado al Parlamento gallego. José Manuel Lage Tuñas.(+)
El portavoz socialista, Jose Manuel Lage Tuñas, aseguró que el ejecutivo da cumplimiento a los pactos alcanzados con el resto de las fuerzas progresistas y alcaldesas y alcaldes de la comarca. "A Coruña no puede constituirse de espaldas a la comarca y lo que se inicia hoy es un trámite, una voluntad, que deberá todavía materializarse" señaló. Para Lage, la postura de los socialistas en la comarca "no es nueva, los socialistas apostamos por consorciar la gestión de los servicios con los municipios limítrofes".
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En este sentido, el portavoz del grupo municipal socialista criticó la actitud de no colaboración del PP ya que "no es entendible su postura, es consciente de la realidad, pero se opone por pasiva a uno largo proceso que dependerá fundamentalmente del Parlamento gallego" y dejó claro que "se ponen en marcha un proceso de cooperación para impulsar un área metropolitano que ya existe, que es real y que, por lo de ahora, no tiene un formato exclusivo ni una única posibilidad de ley" en alusión a las críticas de la portavoz del grupo del Partido Popular, Beatriz Mato, quien rechazó la idea de un Área Metropolitano por ley.
El Partido Popular decidió retirar de la orden del día lla moción para reclamarle al Gobierno de España la transferencia a las entidades locales de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado ante la emenda presentada por los grupos de PSdG, Marea Atlántica y BNG, mientras que la moción para poner en marcha un plan de choque para la recuperación de los espacios públicos salió adelante con los votos a favor del propio PP, Marea Atlántica y Ciudadanos y abstención del BNG. El grupo municipal socialista se opuso al considerar que el Ayuntamiento ya está trabajando en la fórmula más conveniente de contratación para ponerlo en marcha. "A pesar de la situación en precario del contrato del servicio de limpieza, está llevando a cabo actuaciones puntuales en los barrios", apuntó Fontán. La concejal de Medio Ambiente detalló todas las medidas que se están llevando a cabo y anunció que su departamento está elaborando una Ordenanza de pintadas y graffitis.
La Corporación municipal, después de seis años, se puso de acuerdo en recuperar para uso público dotacional el edificio del mercado de Santa Lucía, reunirse con el personal representante de la Consellería de Sanidad para concretar el proyecto a realizar y agilizar todos los trámites administrativos necesarios para que el nuevo ambulatorio sea una realidad en este mandato. Además, el Gobierno local le demandará a la Xunta la dotación presupuestaria suficiente para construir el centro de salud. De este modo, todos los grupos acordaron la compatibilidad de usos para lo inmueble. También está previsto que el ejecutivo mantenga una reunión con el vecindario y comerciantes de la Falperra para conocer de primera mano sus demandas.
También aprobó (con la abstención del PP y Ciudadanos) la moción de la Marea Atlántica, emendada por los socialistas, para recurrir la sentencia que obliga el Ayuntamiento a pagar 1,65 millones de euros por el coste adicional de las obras del túnel del Parrote y la reurbanización de la superficie de la Marina ejecutadas por la Autoridad Portuaria, titular del suelo. El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aseguró que el Gobierno local, siempre que los informes técnicos y jurídicos lo avalen, defenderá los intereses municipales y agotará la vía judicial. En este sentido, Villoslada apeló al Partido Popular a no "echar sombras permanentemente sobre lo que se hizo en el pasado" en alusión a las relaciones del anterior ejecutivo con la Autoridad Portuaria. Además, el Gobierno local, una vez recepcionadas las obras, solicitará la cesión de la titularidad de los terrenos. Para eso, señalaron, se creará un grupo de trabajo permanente entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
Otro de los asuntos aprobados fue el convenio firmado entre la entidad pública RED.ES y el Ayuntamiento para poner en marcha el programa piloto "Conecta Coruña" y el compromiso de dotar en los presupuestos de 2020 y 20121 dos partidas que garanticen las cuantías que debe asumir el Ayuntamiento. "Conecta Coruña" le permitirá al Ayuntamiento conectar 213 edificios públicos mediante la plataforma SmartCity. La actuación, que incluye edificios municipales, de la Xunta, Universidad y Estado, entre otros, permitirá que las tecnologías informen sobre la gestión, eficiencia energética, seguridad, coordinación de tráficos y movilidad de los edificios de la red.
La concejal de Bienestar Social, Yoya Neira, fue la responsable de exponer el contenido de la Ordenanza de igualdad en la diversidad, que contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas que manifestaron su total compromiso con las políticas de igualdad. La concejal de Bienestar Social agradeció la labor desenvuelta por el anterior ejecutivo de la Marea Atlántica y loó el trabajo hecho por el personal técnico de Servicios Sociales. "El compromiso del Gobierno local con las desigualdades y la lucha contra la violencia machista es claro y se verá reflejado en los presupuestos", señaló.
Neira explicó que, dentro de los escasos recursos de su concejalía, se está realizando un mapa por zonas que permitirá hacer una diagnosis de los problemas existentes y de los perfiles de las mujeres que solicitan los distintos servicios con los que cuenta el Ayuntamiento para "empezar a dar respuestas eficaces".
Para Neira, "aunque no se deben patrimonializar determinadas cuestiones, no se puede olvidar que fue el PSOE quien aprobó la primera ley integral contra la violencia de género y la ley autonómica de igualdad entre hombres y mujeres" y pidió unidad en la lucha contra las desigualdades.
La ordenanza establece el régimen jurídico de la igualdad entre todas las personas en el ámbito del Ayuntamiento de A Coruña, atendiendo a la normativa existente en esta materia. Recoge, además, los principios en materia de igualdad de género que deben regir en los órganos de gobierno y en la gestión municipal. Esta disposición de carácter normativo, explicó Neira, se erige como un documento marco en el que se fijan las bases para la política local de igualdad en la diversidad "con el objetivo de generar cambios en la realidad del municipio".
La adhesión del Ayuntamiento a la declaración institucional del XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue otro de los asuntos que abordaron los concejales en el Pleno y que contó con el apoyo de toda la Corporación.
MOCIONES
A instancias de una moción presentada por Cidadanos y aprobada por todos los grupos relativa a la situación de precariedad económica que padece la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Gobierno local pedirá que se convoque la comisión mixta para revisar el convenio firmado entre la Xunta y la Administración local con el fin de adoptar medidas que apoyen el trabajo del Consorcio de la Música. El edil de Cultura, Jesús Celemín, calificó de injusticia "" lo que está aconteciendo con la OSG y recordó que la Xunta le debe al Consorcio desde 2011 cinco millones de euros.
Por otra parte, la Corporación apoyó un plan de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas. El Gobierno local pondrá en marcha un Plan de protección de la convivencia y seguridad vecinal que tendrá que elaborarse antes de que finalice el primer semestre del año 2020. Además, le reclamará al Estado el incremento del plantel de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en la ciudad. Esta medida es fruto de la moción presentada por Ciudadanos que se aprobó con los votos de los grupos del PP y del ejecutivo local.
El portavoz socialista aclaró que "A Coruña es una ciudad segura", pero que el Gobierno es consciente de las situaciones que se viven en la actualidad. "Tenemos la responsabilidad de pensar en el conjunto de la ciudadanía y defender el derecho a la propiedad privada sin complejos". También insistió en la necesidad de no "mezclar las ocupaciones ilegales de las viviendas con la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna impulsando un parque de alquiler".
Por otro lado, se dio luz verde a la moción relativa a mejorar la calidad de vida de las personas mayores emendada por los grupos de la Marea Atlántica y PSdG. Se acordó desarrollar un plan municipal específico para la mejora de la calidad de vida y combatir la soledad no deseada de las personas mayores antes de que finalice el año con el fin de incluirlo en los presupuestos.
Además, los grupos votaron a favor de la moción del BNG encaminada a pedirle al Estado la modernización de la línea ferroviaria entre Lugo-A Coruña-Ferrol y la realización de la conexión con el puerto de Punta Langosteira. El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada criticó la falta de visión metropolitana de la Xunta en el campo de las conexiones ferroviarias que, en su opinión, deben ser transferidas a los ayuntamientos. "Nuestro deber es luchar por las infraestructuras de cercanías", dijo durante su intervención.
El Ayuntamiento también le solicitará a la Xunta que declare la antigua cárcel provincial como Bien de Interés Cultural con el compromiso de su mantenimiento y para evitar el deterioro que está sufriendo. La declaración deberá llevar aparejada un Plan director de conservación que reconozca la posibilidad de realizar actividades socioculturales en el inmueble. Además, el Gobierno instará al Estado a ejecutar las obras necesarias para garantizar la conservación de la cárcel. La Corporación dio luz verde a la moción del BNG (emendada por la Marea Atlántica) con los votos a favor de Ciudadanos y PSdG y el voto en contra del Partido Popular.
La moción de los nacionalistas (emendada por la Marea Atlántica) para la prevención y lucha contra la ludopatía y otras adicciones contó con el visto bueno de toda la Corporación que acordó soler medidas encaminadas a concienciar la sociedad sobre el peligro que implica para la gente más nueva.
Y, por último, la Corporación aprobó por unanimidad una declaración institucional por la movilidad sostenible que recoge las reivindicaciones de los colectivos ciudadanos.
