Las iniciativas pidiendo una Comisión de Investigación de Domus Vi y la simplicaciones de Feijóo por el " Clan del Norte " abren el paso a una macrodemanda Nacional.

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Reportaxes a fondo | 27 Mayo 2020 | 6419 votos | Correo electrónico | Imprimir
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Tras las informaciones de Xornal Galicia informando sobre las actividades de Chefi, Perly y Feijóo con los usuarios de las residencias DomusVI, los familiares y usuarios se agrupan en la plataforma REDE, apoyados por la Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia (Acouga) ya tienen en marcha una macrodemanda a nivel estatal contra las residencias de ancianos DomusVi.

Las residencias de ancianos DomusVi anidaron los focos de contagio más graves de Galicia con decenas de fallecidos sobre los que a día de hoy aun no estan claras las causas y modos de los fallecimientos, lo que llevó a la Xunta de Galicia a intervenir los centros cuya responsable es Josefina Fernández ahijada de Corina Porro y muy allegada a Feijóo del que recibio medallas por su labor recientemente. Las residencias DomusVi están además siendo investigadas por la Fiscalía de Galicia cuya investigación apunta directamente a Feijóo y REDE ya había presentado una denuncia contra la empresa.

La demanda desean extenderla una vez iniciada y en proceso judicial ampliarla ha los responsables políticos de la situación ( Feijóo y el Gobierno del PPdeG en la Xunta ), tomando como referencia un informe del Consello de Contas que detectó incumplimientos en los ratios de personal de los centros. A ello hay que recordar que abrió la caza contra Feijóo y su gobierno la portavoz Teresa Mallada de Asturias pidiendo en el parlamento una Comisión de Investigación sobre las residencias DomusVI y las implicaciones de Feijóo, comisión esta hecha pública a los medios de comunicación para causar el mayor daño posible al Presidente gallego, y que Torra vió como la ocasión para pedir otra Comisión de Investigación sobre las mismas residencias de DomusVi muy ligada y previas reuniones dias antes con Miguel Tellado, Diego Calvo muy habitual por la zona asturiana.

 La Fiscalía General del Estado mantiene un total de 171 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 en residencias de mayores y personas con discapacidad, tras abrir once nuevas diligencias penales desde la pasada semana.

El mayor número de diligencias se concentra en Madrid, donde hay 81 abiertas, y en Cataluña, con 33. Los datos compilados por las fiscalías provinciales hacen el recuento de diligencias abiertas hasta el pasado día 25 de mayo 2020, informa Servimedia.

Según la información facilitada por la Fiscalía General del Estado, de esas once diligencias penales nuevas, una corresponde a la Fiscalía Provincial de León, dos a la de Valladolid, una a Granollers, una a Mataró, tres a la Fiscalía Provincial de Madrid, y una a las Fiscalías de Albacete, Lugo y Pontevedra. En el caso de estas tres últimas, que están relacionadas con la adquisición y uso de material sanitario, resta por confirmar si se refieren a hechos ocurridos en residencias de mayores y/o en establecimientos sanitarios.

Según consta en la recopilación de datos, se ha decretado el archivo de un total de tres diligencias de investigación penal (en las Fiscalías de Zaragoza, Asturias y del Área de Elche-Orihuela (Alicante)), del total de las que han sido incoadas en las fiscalías de los diferentes ámbitos territoriales, por ser algunas de ellas muy genéricas o de índole prospectiva e interpuestas por partidos políticos, particulares, asociaciones y otros.

Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

El ministerio público ha recibido durante la última semana diversa información actualizada en relación con los establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitando así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

Diligencias civiles

Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 190 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil. La pasada semana, esas diligencias sumaban 211.

Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito, y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados, que ascienden a veintidós en todo el territorio nacional.

Permanecen en trámite todas las diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

En estas actuaciones se solicita y recibe información actualizada de forma permanente respecto de la situación en los establecimientos residenciales, además de facilitar el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal recaba también los datos oficiales disponibles y efectúa el seguimiento especial de estos procedimientos judiciales en atención a la particular vulnerabilidad de las potenciales víctimas. En concreto se hayan judicializadas veintidós diligencias en Madrid, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.

Hay residencias investigadas por diversas comunidades. En concreto 81 están en la Comunidad de Madrid y otras seis en distintos juzgados. La segunda comunidad con más residencias investigada es Cataluña, con 33 en total y tres diligencias en los juzgados. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (17) Castilla y León (20); Galicia (12); Extremadura (4); Baleares (1); La Rioja (1), Aragón (2) y Valencia (1).

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