FEIJÓO UTILIZÓ FONDOS EUROPEOS PARA FINANCIAR Y INICIAR EL PRESUNTO FRAUDE LAS ACTIVIDADES DE MASCARILLAS FALSIFICADAS DE SIBUCU-360-SL
Expediente de emergencia: EE-SER1-20-021
Contrato: EE-SER1-20-021/14
Objeto: Mascarilla quirúrgica tipo II
Importe: 1.070,000,00 €, sin IVA
Adjudicatario: SIBUCU 360, S.L
Expediente de emergencia: EE-SER1-20-042
Contrato: DSM001854144
Objeto: Mascarilla FFP2
Importe: 525.000,00 € sin IVA
Adjudicatario: SIBUCU 360, S.L
Expediente de emergencia: EE-SER1-20-045
Contrato: ESM001868716
Objeto: Mascarilla de protección s/válvula FFP2
Importe:350.000,00 € sin IVA
Adjudicatario: SIBUCU 360, S.L
SIBUCU 360 sl cuando ya estaba destapada toda la trama hizo registros urgentes PRESERVADA O PERITADA EN https://archive.ph/Hq0qY en
LEI Registration
Managing Local Operating Unit (LOU) 529900F6BNUR3RJ2WH29
EQS Group AG
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München
80333
Germany
Initial Registration Date 2022-04-06
Last Update Date 2022-04-06
Next Renewal Date 2023-04-06
Validation Sources Fully Corroborated
Validation Authority ID RA000533
Validation Authority Entity ID B70410956
Registration Status ISSUED
FONDOS EUROPEOS EN VALENCIA PARA FINANCIAR LAS MASCARILLAS FALSIFICADAS DE SIBUCU 360 SL.
2.- La Xunta de Galicia Instituto Galego de Consumo autora de la alerta sobre las mascarillas falsificadas de Sibucu 360 SL distribuidas por la Xunta se niega a entregar el requerimiento del borrado y desaparición de las mascarillas por lo que este denunciante presenta demanda judicial por la obligación de hacer, se adjunta justificantes
3.- Este denunciante abre solicitud sobre la inexistencia del INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS DE EMERGENCIA POR LA XUNTA DE GALICIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19, DEL EJERCICIO 2020 a pesar de ser aprobado por el Parlamento de Galicia, no existe o es censurado a día de hoy.
4.- Feijóo, Almeida y Ayuso pagaron 4,8 millones a un empresario vinculado a la Xunta que vendió mascarillas con sello falso
José Ramón García González, condenado por fraude y falsedad y pendiente de juicio por un delito contra la propiedad intelectual, ha vendido más de 80 millones de mascarillas a través de sus sociedades. Varios lotes de las distribuidas por la mercantil Sibucu 360 SL fueron retiradas por presentar una certificación ilegal.
Días antes de que los avispados comisionistas de la empresa malasia Leno, Luis Medina y Alberto Luceño, contactaran con el Ayuntamiento de Madrid para ofrecerse a traer material sanitario, una empresa gallega firmaba cuatro contratos con el Consistorio para la provisión de mascarillas.
Sibucu 360 SL fue la primera en hacer negocio con el Ayuntamiento, el 20 de marzo de 2020. En total, 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2, según ha podido comprobar Público.
Pero en los albores de la pandemia, no todos los trámites resultaron correctos. Sobre cuatro de los modelos de las mascarillas FPP2 distribuidas por Sibucu se decretaron otras tantas alertas sanitarias por riesgo para la salud de las personas. Según la empresa, fueron 80.000 mascarillas alertadas de un total de 80 millones que ha importado en estos dos años.
La alerta saltó desde el Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta en mayo de 2020. El sello CE que llevaban las mascarillas no era legal, ya que habían sido certificadas por un laboratorio italiano que no estaba capacitado para hacerlo. La identidad de la persona que facilitó el contacto de esta empresa de A Coruña con el Ayuntamiento de Madrid aún es un misterio que el Consistorio no está dispuesto a desvelar; al haberse negado a responder a la pregunta en ese sentido de Público.
La empresa no se dedicaba a la distribución de productos sanitarios, sino a la consultoría técnica e ingeniería. De hecho, está vinculada con la mercantil Moonoff SL, dedicada al sector de la iluminación, de la que Sibucu es la administradora única. Detrás de Moonoff, desde 2013, estuvo el empresario José Ramón García González, hasta que sus problemas con la Justicia le empujaron a abandonar la presidencia de la compañía en 2018, pero siguió presentándose socio inversor. La prensa gallega, de hecho, al comienzo de la pandemia vinculaba la llegada de mascarillas a Galicia con Moonoff y con la labor comercial de las empresas del grupo en Asia.
Uno de los administradores de Sibucu, Diego Mata, en conversación con este diario, explica que en aquellos días iniciales de la pandemia, en marzo de 2020, recibió una llamada de alguien del Ayuntamiento de Madrid, pero ahora no recuerda su nombre. "Mi teléfono en aquel entonces circulaba por todos los sitios, recuerdo que el precio máximo que nosotros vendíamos las FFP2 era 2,5 ó 2,72 euros la unidad [Luceño y Medina las vendieron a 6 euros]. Se demostró que fuimos razonables con el precio y teníamos todo un equipo de trabajo en Asia, con toda nuestra experiencia", indica para explicar el éxito de la empresa en la distribución de mascarillas.
Según la versión del administrador de Sibucu, las llamadas les llovieron en aquellos días por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos de media España que buscaban desesperadamente hacerse con mascarillas para sus sanitarios, y en efecto, la empresa ha contratado con varias comunidades, incluso con el Gobierno de España. Pero uno de sus comerciales en aquella época ha confirmado a este medio que también buscaron el negocio y que tanto él como otros compañeros se dedicaron a contactar con empresas y organismos públicos para proponerles el suministro de material.
En aquellos momentos cuando Moonoff SL comenzó a importar mascarillas desde China --aunque las adjudicaciones públicas estaban a nombre de Sibucu-- el peso en aquellas operaciones de José Ramón García González, fundador de la tecnológica gallega Blusens, muy bien relacionada con la Xunta, era grande. Es un emprendedor muy conocido en Galicia y por el expresidente Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acompañado en actos institucionales como notable empresario gallego. Así ha sucedido en varias ocasiones en las galas de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña, por ejemplo, donde el fundador de Blusens compartió mesa con la difunta Rosalía Mera, confundadora de Zara.
Un empresario polémico
José Ramón García González es un emprendedor de Santiago que se hizo popular tanto por sus primeros éxitos empresariales como por las polémicas judiciales que éstos levantaron. De hecho, fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental.
Hace apenas unos meses un juzgado de Santiago ordenó abrir juicio oral contra él por un presunto delito contra la propiedad intelectual. El fiscal le pide un año de cárcel y 2,4 millones en concepto de responsabilidad patrimonial a él y varias de las sociedades en las que participa o participó.
Se le acusa junto con otras ocho personas de fabricar y comercializar un decodificador pirata que permitía el acceso a varias plataformas de contenidos de pago. Este medio ha intentado contactar sin éxito con García González a través de Moonoff SL, una empresa participada por Sibucu y que tuvo como socio inversor a García González hasta hace poco.
Desde Sibucu 360 SL se desvinculan en la actualidad de José Ramón García González, aunque el registro mercantil indica que la sociedad sigue poseyendo el 30% de las participaciones de Magna Tecnology Sl, administrada por Visualiza Business, el holding propiedad de García González. Él mismo contaba a la prensa gallega en abril de 2020 que ya había traído a través de sus empresas 35 millones de mascarillas desde China a España. "Ya no tiene nada que ver con nosotros", apuntan desde Sibucu.
2,5 millones de la Comunidad de Madrid
No sólo el Ayuntamiento de Madrid, también el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contrató a esta empresa los primeros meses de la pandemia. Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad.
Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid se han negado a contestar a las preguntas de este diario sobre las irregularidades detectadas en algunos de los lotes de mascarillas. Según Diego Mata, de Sibucu, esos lotes no alcanzaron a ninguna administración pública, sino sólo a farmacias en Galicia y en Madrid.
1,5 millones de la Xunta de Galicia
En los primeros meses de la emergencia sanitaria, entre el 25 de marzo y el 26 de junio, el Sergas compró a Sibucu 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros. Las compras se realizaron mediante cuatro expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia, tal y como figura en un documento interno de la Dirección Xeral de Recursos Económicos al que ha tenido acceso Público.
Al poco de la llegada de los primeros envíos de Sibucu, el Sergas detectó que cuatro lotes de mascarillas FFP2 estaban validadas por una empresa italiana, ENS Certificazione Macchine SRL, que no estaba autorizada para certificarlas. Aún así, Sibucu las distribuyó con el sello de marcado 'CE' que garantiza la adecuación de las condiciones de determinados productos a la legislación comunitaria.
El Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) activó su primera alerta el 18 de mayo y envió cartas a los clientes de Sibucu advirtiéndoles de que debían devolver el material o certificar su destrucción. Aún así, la Xunta siguió distribuyéndolo, e incluso hizo público que una de las empresas vinculadas a Sibucu y a través de las que operaba García González, Moonoff, había donado al Sergas otras 100.000 unidades -tantas como las que había entregado gratuitamente Inditex-, y que el Gobierno de Feijóo planeaba repartir entre personal sanitario y ayuntamientos.
Público ha pedido a la Xunta que valore por qué no inmovilizó las mascarillas que había comprado a Sibucu cuando detectó que llevaban un sello ilegal, pero fuentes del Sergas se limitaron a decir que "tras revisar los pedidos (...) ninguno de los modelos adquiridos (...) está afectado por las alertas del Insitituto Galego de Consumo". Parece improbable que sea así, teniendo en cuenta que el Sergas tramitó cuatro expedientes y que el Instituto Galego de Consumo alertó de que eran precisamente cuatro los que correspondían a lotes con sellos ilegales.
El Sergas tampoco ha dado explicaciones sobre por qué ninguno de los expedientes de compra a Sibucu aparece en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. Por su parte, el IGCC ha asegurado que se le abrió un expediente sancionador el 21 de julio de 2020, por importe de 10.500 euros, "por vender sin cumplir con la documentación", pero que redujó la sanción porque Sibucu las retiró del mercado. Según fuentes de la empresa, la sanción quedó reducida a 600 euros.
Sin embargo, Sibucu 360 niega que el lote afectado llegara a la Xunta: "Sibucu comunicó al organismo de Consumo dependiente de la Xunta el error detectado y esta procedió como corresponde a lanzar la alerta en los mecanismos habituales. Procedimos a su retirada para nuevo etiquetado puesto que las mascarillas cumplían con todas las exigencias de calidad, y en ningún caso presentaban peligro para los usuarios".
La empresa insiste en su inocencia. "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa, no aquí, por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía", explica Diego Mata.
Subvenciones prohibidas
A pesar de que la sentencia que lo condenó a un año de cárcel en el 2017 vetaba expresamente a José Ramón García González el acceso a ayudas públicas entre febrero del 2017 y mayo del 2019, la Xunta de Feijóo concedió en 2018 a Moonoff a través de su Consellería de Emprego dos subvenciones por valor de 84.000 euros para mejorar la calificación profesional de sus trabajadores.
Poco después de concluir el período de veto judicial, la misma consellería le otorgó en noviembre del 2019 otra ayuda de 3.000 euros para la contratación de un empleado; y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), otra en diciembre de 31.360 euros para incentivar la realización de acciones de promoción exterior.
Ayuso y Feijóo volvieron a contratar meses después a Sibucu a sabiendas de que ya había vendido mascarillas con sello falso
La Comunidad de Madrid y la Xunta adquirieron más lotes de FFP2 y FFP3 a la empresa tres y nueve meses después de que se activara la red de alerta sanitaria que advirtió de la distribución de varios de ellos con marca "CE" ilegal importados desde China
Las alertas sanitarias por riesgo para la salud abiertas en mayo de 2020 por desde China se publicaron tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea como en la red de alertas del Ministerio de Consumo. En aquellos primeros meses de pandemia, todas las comunidades compartían las irregularidades detectadas en las mascarillas.
Sin embargo, a la hora de adjudicar contratos para la dotación de material sanitario contra la covid esas dos bases de datos oficiales fueron ignoradas al menos por dos comunidades: Galicia y Madrid. Tanto el gobierno de Alberto Núñez Feijóo como el de Isabel Díaz Ayuso volvieron a comprar mascarillas a Sibucu 360 SL pese a las alertas por algunos lotes de tapabocas tipo FFP2/KN95 suministradas por esafirma, que hasta entonces no se había dedicado a la comercialización de productos sanitarios y que estaba vinculada a un empresario conocido por Feijóo: José Ramón García González.
En concreto, la Xunta volvió a contratar con esa empresa en junio de 2021, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros, entre marzo y junio de 2020. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de Galicia.
La Comunidad de Madrid, por su parte, invirtió medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición a Sibucu de mascarillas quirúrgicas para el Hospital de La Paz.
Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con esta empresa la venta de mascarillas, gorros y filtros por valor de 14.980 euros, en julio de 2020, para el Hospital Ramón y Cajal, sin que en el Portal de la contratación de la Comunidad de Madrid conste más información sobre los productos adquiridos a la sociedad, con sede en A Coruña.
La ilegalidad de cuatro tipos de mascarillas [80.000 unidades, según Sibucu] parece que no ha pasado factura a esta empresa, que ha llegado a contratar con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.
Según información aportada por la propia mercantil, también fueron clientes suyos en los primeros meses de la pandemia la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Zamora y Huelva, las diputaciones de Cuenca y Huesca y la Diputación Foral de Araba. Pero no todas las administraciones públicas repitieron con Sibucu tras las alertas sanitarias.
Sí lo hizo la Xunta de Galicia. El 20 de junio de 2021, más de un año después de que informara a la red estatal de alertas sanitarias sobre la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 importadas por esta mercantil, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) volvió a comprar a esa misma empresa.
a oferta más baja
En la resolución de la adjudicación, la Dirección Xeral de Recursos Económicos del Sergas informa que, tras haber encargado el 17 de agosto del 2020 el suministro de mascarillas con doce empresas, en noviembre de ese año, les solicitó una minoración de precio en las FFP3 "por razones de interés público".
A esa llamada respondieron ocho compañías, entre ellas Sibucu, que fue la que ofertó el precio más barato: 0,48 euros la unidad, es decir un 15% por debajo de la media del resto de sus competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara.
La normativa española sobre contratación pública establece restricciones para contratar con empresas que hagan ofertas anormalmente bajas basadas en una menor calidad de los bienes adquiridos o de los servicios a prestar; es lo que se conoce como 'ofertas temerarias'.
En concreto, la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 que si el "órgano de contratación presume que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja", deberá exlduirla mediante el procedimiento pertinente y que se rechazarán las ofertas temerarias si "vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral".
Las mascarillas de tipo FFP3 se venden hoy en el mercado minorista a entre tres y cinco euros la unidad. En febrero del año pasado, cuando las medidas de protección aún eran preceptivas y la demanda de mascarillas, elevada, la Xunta se las compró a Sibucu a menos de medio euro "por ser dicha mascarilla idónea para satisfacer las necesidades del Servicio Gallego de Salud".
A pesar de que aquel contrato no se adjudicó por el procedimiento de emergencia, en el expediente sólo aparece la resolución, que menciona una memoria justificativa del Servicio de Aprovisionamiento de la Subdirección Xeral de Compras del Sergas que la Xunta no ha hecho pública.
Tampoco ha publicado los documentos relativos a las condiciones técnicas y administrativas del contrato, ni su formalización, ni si en el estudio de las ofertas se consideró que el hecho de que Sibucu ofertara mascarillas un 15% más baratas que el resto podría estar relacionado con su calidad. Más aún cuando la Xunta sabía desde hace un año que esa misma empresa había importado varios lotes de FFP2 con falso sello de marcado CE.
Por el contrario, para el suministro de mascarillas para el personal de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid la oferta de Sibucu sí fue descartada por presunción de temeridad, ya que aunque suponía una rebaja de 1,81 euros en la unidad de mascarilla FFP2, "en el desglose falta un aspecto importante que son los costes de transportes a las diferentes Sedes Judiciales de la Comunidad de Madrid", consta en la resolución.
Tampoco alude a una "fuerte solvencia como requisito para justificar su oferta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público", consta en la resolución del 18 de septiembre de 2020, a la que ha podido acceder Público.
Sello ilegal
Las alertas por cuatro de los modelos de mascarillas de Sibucu indicaban que el sello CE que constaba en su etiquetado no era legal, ya que procedía de una empresa italiana, ENTE Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2. Sin embargo, existe otra alerta lanzada por el Gobierno navarro respecto a las mascarillas de la marca Tomashi importadas por Sibucu en marzo y abril de 2020, en las que el sello CE no lleva el número de ningún organismo certificador.
La explicación de la empresa ofrecida a este diario es que sufrió un "fraude" por parte del laboratorio italiano. Pero en este caso alertado por el Gobierno navarro, ni siquiera existe laboratorio acreditador.
Ante la negativa de la Xunta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, que también compró mascarillas a Sibucu 360 SL, para mostrar los expedientes de los contratos con esta empresa gallega, no se puede corroborar que las mascarillas afectadas por las alertas sanitarias fueran efectivas para impedir el contagio de covid.
En dichos expedientes deberían constar los certificados de los test en un laboratorio del país de origen, es decir China. Según Sibucu, aquellas mascarillas contaban con pruebas satisfactorias en un organismo acreditado y el problema con los sellos no afectó a la calidad del producto. También indica esta empresa que las mascarillas afectadas no llegaron a ninguna administración pública, sino sólo a las farmacias, de donde fueron retiradas. Pero no aporta pruebas de ello.
Un conocido empresario
El éxito de esta empresa gallega en la venta de mascarillas en diferentes administraciones públicas arrancó en marzo de 2020 con el aval de la propia Xunta de Galicia, ya que el empresario José Ramón García González era por entonces el alma de Moonoff SL, empresa dedicada al sector de la iluminación, que está administrada por Sibucu 360 SL, y que fue la importadora principal de las mascarillas, aunque las adjudicaciones recayeron en Sibucu. Moonoff y su socio inversor entonces, García González, son muy conocidos en Galicia y por el Gobierno gallego. Moonoff ha contratado con varios ayuntamientos de la comunidad.
José Ramón García González fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental. Actualmente está a la espera de juicio por otro delito contra la propiedad intelectual por el que la Fiscalía le reclama un año de cárcel y 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, además de otros 1,2 millones a las empresas en las que participa o participó.
Con 31 años, García González inició su trayectoria con Blusens Global Corporation, una empresa tecnológica que fundó con un amigo y que llegó a ser la que más reproductores mp3 vendía en España en la época del bum de esos aparatos.
Llegó a estar cuarenta países y facturaba alrededor de 60 millones por ejercicio cuando en el 2008 o obtuvo el respaldo inversor de Inveravante, propiedad de Manuel Jove, dueño hasta ese mismo año de la constructora Fadesa. Por esa época, la Blusens patrocinaba programas de televisión y equipos de varias disciplinas deportivas, entre ellos el club de baloncesto Obradoiro de Santiago, tras uno de cuyos éxitos se fotografió con Feijóo en la sede de la Xunta.
El crac financiero afectó enormemente a la firma, cuya facturación fue cayendo en picado. En el 2012 un juzgado de Santiago la condenó a dejar de fabricar varios productos de su catálogo al entender que violaban la propiedad intelectual de Televés, otra compañía competidora de Santiago. Jove salió del capital de la compañía en 2013, y Blusens siguió cayendo hasta que otro juez ordenó su liquidación en 2015. Dos años más tarde, su fundador fue condenado por fraude fiscal y estafa.
Público ha tratado sin éxito de contactar con él. El móvil de contacto que aparece en la web de Visualiza Businnes, el holding que construyó tras la liquidación de Blusens, corresponde a una persona que dice no tener nada que ver con él.
Diego Mata, portavoz de Sibucu, aseguró a Público el pasado martes que García González ya no tiene nada que ver con la compañía, pero lo cierto es que, según el registro mercantil, Sibucu es propietaria del 30% del capital de Magna Technology Sl, a su vez administrada por Visualiza Business, y del 70% de Moonoff, la empresa de la que González García aparecía como socio inversor cuando hizo público al principio de la pandemia que a través de ella estaba gestionando la compra de mascarillas para varias administraciones.
El portavoz de Sibucu también afirmó que aunque ninguna de las empresas citadas tuviera relación ni experiencia alguna en el sector sanitario, fueron contactados por varios organismos al principio de la pandemia por su facilidad para importar productos de China. En su versión, ellos sólo accedieron a poner a su disposición su red comercial y de contactos en Asia, pero sin ofrecerse inicialmente.
Lo cierto es que Público tiene constancia documental de que los agentes de Sibucu sí se presentaron a otras instituciones, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia donde ofertaron sus mascarillas a 3,5 euros las FFP2 y a un euro las quirúrgicas. En las mismas fechas, sin embargo, Sibucu asegura que las vendía a Galicia y a Madrid por entre 2,5 y 2,7 euros.
En Andalucía, el catálogo de proveedores de material anticovid de la Junta incluye a Sibucu, con el contacto de email de su comercial y un resumen de la actividad de la compañía en la que ésta ya se autodefine como un consultora especializada en "certificación de productos" y "gestión de suministros sanitarios".
Los sellos falsos de un laboratorio italiano, detrás de las mascarillas del hermano de Ayuso, de los comisionistas de Madrid y de la Xunta
Los contratos del Ayuntamiento de Madrid en los que intermediaron Luis Medina y Alberto Luceño cuentan con un certificado falsificado de una empresa italiana, cuyo sello de calidad CE también figuraba ilegalmente en varios lotes de mascarillas de la mercantil gallega Sibucu 360 SL y en el expediente del contrato en el que participó el hermano de Ayuso.
MADRID, 07/05/2022 22:05
ANA MARÍA PASCUAL / JUAN OLIVER
Los recientes escándalos por los pelotazos de parientes y amigos con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia tienen otra vertiente: las sospechas de que los productos no eran de calidad, no servían para protegerse de la covid. En el triángulo de casos que salpican al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Xunta de Galicia hay un componente común añadido al presunto tráfico de influencias. Y es que en los tres casos existen certificados falsos sobre la calidad de las mascarillas procedentes de un mismo laboratorio italiano.
La empresa italiana Ente Certificazione Macchine SRL (ERM) figura como entidad europea que certificó que las mascarillas FFP2/KN95 que vendieron Alberto Luceño y Luis Medina a través de la mercantil malasia Leno cumplían con los estándares de la Unión Europea en cuanto a su capacidad para filtrar partículas víricas, como ha podido comprobar Público. Sin embargo, este laboratorio italiano no puede certificar mascarillas, puesto que no está habilitado para ello.
Así lo ha confirmado Luca Bedonni, director de servicios de ECM, a este diario. "Nos han falsificado muchos documentos estos importadores. Han usado inapropiadamente nuestro número certificador 1282". Este número acompaña al sello CE de las mascarillas de Leno, de las que Luceño y Medina se lucraron con seis millones de euros.
ERM también aparece en el inicio de la actividad importadora de mascarillas de la L, un caso que ha destapado Público. Esta mercantil es una de las que más volumen de ventas ha tenido en estos dos años de pandemia, pese a que con anterioridad no se dedicaba al suministro de material sanitario, sino al sector de la ingeniería e iluminación.
Su entrada en el Ayuntamiento de Madrid, el 20 de marzo, para proporcionar mascarillas de China en un momento de imperiosa necesidad fue presuntamente favorecida por la amistad con Alberto Núñez Feijóo de uno de los socios del grupo de empresas vinculadas a Sibucu.
Cuatro de los modelos de mascarillas FFP2/KN95 que vendió Sibucu presentaban ilegalmente el sello CE procedente de la italiana Ente Certificazione Machine. A falta de los expedientes de los cuatro contratos con el consistorio madrileño que el equipo de Almeida se niega a entregar a este diario, no se puede verificar la versión de Sibucu, que alega que fueron 80.000 las mascarillas afectadas que tuvo que retirar y que ninguna afectó ni a la Xunta de Galicia ni al consistorio madrileño ni a la Comunidad de Madrid, que también compró a la citada empresa gallega.
Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu 360 SL, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad.
Diego Mata, uno de los administradores de Sibucu, afirmó a este diario que existió un "fraude" por parte de la empresa italiana ECM: "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía".
Sin embargo, ECM niega con rotundidad su implicación en el caso. "Nosotros no tenemos responsabilidad en esto. Los importadores han importado las mascarillas sin un certificado CE. Nosotros no hemos hecho certificaciones de mascarillas porque no podemos hacerlas. El documento de nuestra empresa no vale como certificado europeo para las mascarillas", insiste Luca Bedoni, director de Servicios de ECM.
De hecho, esta empresa italiana ha incluido en su web un listado de fabricantes chinos que han usado ilegalmente su sello CE para introducir sus mascarillas en Europa. En ese listado figura uno de los proveedores de Sibucu: la mercantil china Dongguan Huagang Communication Technology, LTD.
Certificado de Compliance que figura en el expediente del contrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa malasia Leno, con el sello de la empresa italiana ECM. — Público
Preguntado por el certificado que consta en el contrato para el suministro de un millón de mascarillas FFP2 con la empresa Leno, en el que intermediaron los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el directivo de ECM asegura a Público que es falso. Es decir, que no se podía asegurar que las mascarillas fueran eficaces frente a la covid.
Alertas sanitarias
Sin embargo, en este caso la documentación falsificada no provocó una alerta sanitaria respecto a las mascarillas de Leno. El Ayuntamiento de Madrid no alertó de que los tapabocas por los que había pagado 6 euros la unidad no contaban con el aval de un laboratorio independiente europeo y, por lo tanto, no podía asegurarse su calidad.
Respecto a las mascarillas de Sibucu, tanto el Servicio Galego de Saúde (Sergas) como el Gobierno de Navarra, a donde habían llegado también, alertaron al Ministerio de Consumo, y éste a la Red de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea, sobre la ilegalidad del sello CE.
La Federación Europea de Seguridad (ESF, en sus siglas en inglés), una organización de proveedores de EPIS (Equipos de Protección Individual), alertó en la primera ola de la pandemia de la proliferación de fabricantes chinos que usaban certificados falsos para las mascarillas. "Esos 'certificados' no tienen valor legal y no puede utilizarse como conclusión de la evaluación de la conformidad. No está claro si estos documentos han sido realmente emitidos por las propias organizaciones mencionadas o si son falsos (tenemos la impresión de que se están presentando muchos documentos falsos como prueba de cumplimiento)", reza en su web, en un documento actualizado a fecha de 15 de marzo de 2021.
En el caso que están investigando tanto la F respecto al contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas, del que se lucró el hermano de la presidenta Ayuso, también aparece un certificado falso con el sello CE de Ente Certificazione Machine, según publicó El País.
PLADESEMAPESGA tras tener conocimiento y documentos del saqueo en los que están implicados, varios funionarios públicos cercanos al Conselleiro Sr Comesaña de su etapa en Ourense, la asesoría xurídica de Sanidad que gestiona ( a su modo) el Sr Rafael Álvaro Millán Calenti, una Inspectora del INSS, familiares vinculados a la Fiscalía de Galicia, obras ilegales, contratos ilegales, adjudicaciones de millones a Sibucu 360 SL, y al cuñado de Amancio Ortega, Jorge Perez Marcote para traficar con mascarillas falsas, entre otras, al tratar de frenar su curso a las denuncias el Sr Millán Calenti, se ponen en conocimiento del Sr Quintans Jefe Asesoría Xuridica de la Xunta y Conselleiro Sr Comesaña que se unen para encubrir y tapar el saqueo denunciado. https://xornalgalicia.com/18645-el-consello-de-contas-de-galicia-se-niega-a-cumplir-la-ley-de-transparencia-de-galicia-y-a-informar-sobre-la-fiscalizacion-de-los-contratos-de-emergencia-covid-de-feijoo
María del Mar Sánchez Sierra según el Consello de Contas es la segunda política que más dinero mueve en la Xunta de Galicia incumpliendo las normativas de contratación. (Xunta de Galicia)... de Medios Xunta bajo su poder, y actualizado en 2017, lo volatizado asciende a 1.142,1 millones de euros, TODOS SIN CONTABILIZAR DISUELTOS EN INTERMEDIARIOS A LOS QUE LLAMA AGENCIAS DE COMUNICACIÓN. El que mayor tajada a sacado es Santiago Rey que le permite viajar en coche con chofer y chaque, El Correo Gallego lo utilizó para quebrar la sociedad.