El Tribunal Comercial de Londres (TCL) tendrá la última palabra acerca de la reclamación del Estado Español contra la aseguradora del Prestige, la firma también británica London P&I Club. El Estado concurrirá a este pleito representado por un bufete inglés, a pesar de que el propio presidente del TCL, Nigel Teare, haya calificado ya la demanda como “llamativa” y “compleja”, por lo que tiene pocos visos de prosperar. Un preocupante punto de partida.
Francia ha hecho pública ya su decisión de no concurrir a esta vista, a tenor de los precedentes. España ya perdió una demanda contra la clasificadora del Prestige en Estados Unidos y es razonable pensar que otro tanto pasará en Londres, puesto que el abogado de la aseguradora inglesa alega que la armadora del Prestige no había abonado las pólizas del seguro y ello le exime de cualquier responsabilidad.
Los 855 millones en los que cifró la Audiencia Provincial el importe a cubrir por la aseguradora quedan ahora en el alambre, ya que el nuevo escenario de relaciones entre Gran Bretaña y la UE a propósito del Brexit hace muy complicado que las sentencias de los estados miembros tengan aplicación directa frente a los tribunales británicos.
Así las cosas, ARCO IRIS (única asociación ecologista presente en todo el proceso judicial del Prestige) exige al Ministerio de Justicia español que proceda a emitir una orden preventiva de embargo a todos los países de la UE contra los bienes en territorio europeo de la compañía London P&I Club para cubrir los 855 millones de euros en los que la Audiencia Provincial cifró la responsabilidad de la aseguradora. Todo ello debe hacerse antes de que a finales de año concluya el plazo del periodo transitorio que Reino Unido y la UE han acordado para que empiece a surtir efecto el Brexit. A partir del 1 de enero de 2021, cualquier iniciativa en ese sentido sería ya inútil. Por todo ello, el Gobierno español debe dedicar todos sus esfuerzos a entablar las acciones oportunas para, al menos, recuperar por la vía del embargo lo que parece una tarea imposible por la vía judicial.
El Tribunal Comercial de Londres (TCL) tendrá la última palabra acerca de la reclamación del Estado Español contra la aseguradora del Prestige, la firma también británica London P&I Club. El Estado concurrirá a este pleito representado por un bufete inglés, a pesar de que el propio presidente del TCL, Nigel Teare, haya calificado ya la demanda como “llamativa” y “compleja”, por lo que tiene pocos visos de prosperar. Un preocupante punto de partida.
Francia ha hecho pública ya su decisión de no concurrir a esta vista, a tenor de los precedentes. España ya perdió una demanda contra la clasificadora del Prestige en Estados Unidos y es razonable pensar que otro tanto pasará en Londres, puesto que el abogado de la aseguradora inglesa alega que la armadora del Prestige no había abonado las pólizas del seguro y ello le exime de cualquier responsabilidad.
Los 855 millones en los que cifró la Audiencia Provincial el importe a cubrir por la aseguradora quedan ahora en el alambre, ya que el nuevo escenario de relaciones entre Gran Bretaña y la UE a propósito del Brexit hace muy complicado que las sentencias de los estados miembros tengan aplicación directa frente a los tribunales británicos.
Así las cosas, ARCO IRIS (única asociación ecologista presente en todo el proceso judicial del Prestige) exige al Ministerio de Justicia español que proceda a emitir una orden preventiva de embargo a todos los países de la UE contra los bienes en territorio europeo de la compañía London P&I Club para cubrir los 855 millones de euros en los que la Audiencia Provincial cifró la responsabilidad de la aseguradora. Todo ello debe hacerse antes de que a finales de año concluya el plazo del periodo transitorio que Reino Unido y la UE han acordado para que empiece a surtir efecto el Brexit. A partir del 1 de enero de 2021, cualquier iniciativa en ese sentido sería ya inútil. Por todo ello, el Gobierno español debe dedicar todos sus esfuerzos a entablar las acciones oportunas para, al menos, recuperar por la vía del embargo lo que parece una tarea imposible por la vía judicial.
El Tribunal Comercial de Londres (TCL) tendrá la última palabra acerca de la reclamación del Estado Español contra la aseguradora del Prestige, la firma también británica London P&I Club. El Estado concurrirá a este pleito representado por un bufete inglés, a pesar de que el propio presidente del TCL, Nigel Teare, haya calificado ya la demanda como “llamativa” y “compleja”, por lo que tiene pocos visos de prosperar. Un preocupante punto de partida.
Francia ha hecho pública ya su decisión de no concurrir a esta vista, a tenor de los precedentes. España ya perdió una demanda contra la clasificadora del Prestige en Estados Unidos y es razonable pensar que otro tanto pasará en Londres, puesto que el abogado de la aseguradora inglesa alega que la armadora del Prestige no había abonado las pólizas del seguro y ello le exime de cualquier responsabilidad.
Los 855 millones en los que cifró la Audiencia Provincial el importe a cubrir por la aseguradora quedan ahora en el alambre, ya que el nuevo escenario de relaciones entre Gran Bretaña y la UE a propósito del Brexit hace muy complicado que las sentencias de los estados miembros tengan aplicación directa frente a los tribunales británicos.
Así las cosas, ARCO IRIS (única asociación ecologista presente en todo el proceso judicial del Prestige) exige al Ministerio de Justicia español que proceda a emitir una orden preventiva de embargo a todos los países de la UE contra los bienes en territorio europeo de la compañía London P&I Club para cubrir los 855 millones de euros en los que la Audiencia Provincial cifró la responsabilidad de la aseguradora. Todo ello debe hacerse antes de que a finales de año concluya el plazo del periodo transitorio que Reino Unido y la UE han acordado para que empiece a surtir efecto el Brexit. A partir del 1 de enero de 2021, cualquier iniciativa en ese sentido sería ya inútil. Por todo ello, el Gobierno español debe dedicar todos sus esfuerzos a entablar las acciones oportunas para, al menos, recuperar por la vía del embargo lo que parece una tarea imposible por la vía judicial.
